El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el titular de Industria, José Manuel Soria, en la toma de posesión hace un año del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.EFE
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El Gobierno de Rajoy ha conseguido lo que parecía imposible: irritar al mismo tiempo a todos los agentes del mercado eléctrico. Su reciente decisión de no cubrir el déficit de tarifa con cargo a los Presupuestos del Estado ha puesto en pie de guerra a las empresas suministradoras. Pero es también una seria amenaza para los consumidores, que tarde o temprano acabarán pagándolo de su bolsillo.
El déficit de tarifa es la diferencia entre el coste reconocido del servicio y lo que se abona a través del recibo de la luz. Empezó a generarse en el año 2000, siendo vicepresidente económico Rodrigo Rato, con objeto de evitar que las subidas del precio de la electricidad complicaran el cumplimiento de los objetivos de inflación y, como consecuencia de ello, la entrada de España en el euro.
So pretexto de no seguir engordando esa bola de nieve, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha promovido diversos cambios normativos, todos ellos muy controvertidos, que culminaron el pasado mes de julio con la presentación en el Congreso del proyecto de ley del Sector Eléctrico, unánimemente rechazado por la oposición.
El déficit de tarifa es la diferencia entre el coste reconocido del servicio y lo que se abona a través del recibo de la luz. Empezó a generarse en el año 2000, siendo vicepresidente económico Rodrigo Rato, con objeto de evitar que las subidas del precio de la electricidad complicaran el cumplimiento de los objetivos de inflación y, como consecuencia de ello, la entrada de España en el euro.
El déficit de tarifa supone un recargo de 2.500 millones anuales en el recibo de la luz
Desde entonces, el déficit de tarifa ha ido creciendo sin descanso y a 31 de diciembre de 2012 rondaba ya los 26.000 millones. Una cantidad que se financia mediante el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), cuyos títulos avala el Estado, pero que acaban sufragando los consumidores con recargos en sus recibos que suman del orden de 2.500 millones de euros anuales.So pretexto de no seguir engordando esa bola de nieve, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha promovido diversos cambios normativos, todos ellos muy controvertidos, que culminaron el pasado mes de julio con la presentación en el Congreso del proyecto de ley del Sector Eléctrico, unánimemente rechazado por la oposición.
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